Economía 17-09-2009 - 561
Palabras
(Medios)
LEY DE MEDIOS
No es cuestión de inventar aquí la pólvora. Se sabe que los medios de comunicación no sólo están ligados a la libertad de expresión, sino también a la libertad de empresa, al derecho de comerciar libremente previsto en la Constitución Nacional.
Sin lugar a dudas, muchos medios han sabido acumular un poder desmedido, capaz de controlar la verdad y la mentira en una sociedad en la que los vínculos humanos se han mediatizado de manera alarmante.
Es inobjetable que grupos como el Clarín tienen el poder de hacer y
deshacer la política y la política económica casi a su antojo, y que la batalla
librada por el oficialismo contra él encuentra adeptos de todos los colores,
incluso luego del mamarracho autoritario que significó la avanzada de la AFIP
sobre las oficinas de Tacuarí, no sólo en las áreas contables, sino también de
redacción.
Sin embargo, como se decía en un comienzo, no sólo se trata de una cuestión
de libertad de empresa, sino también de prensa, lo que se está discutiendo –o
planteando, para ser precisos– por estos días en el Congreso.
Y es que el proyecto oficial, con sus reformas y su media sanción, no
apunta en realidad a fragmentar los monopolios, sino a que ellos cambien de
manos.
El problema que trata el proyecto de norma no está tanto en la cantidad de poder que se detenta, sino en quién detenta hoy el poder.
Si bien se afirma que señales de radio y televisión se repartirán por
tercios (Estado, privados y sociedad civil), no queda en claro qué se entiende
por las segundas dos categorías.
Bajándolo a tierra, la pregunta es si la Fundación Amalia Lacroze de
Fortabat, por ejemplo, es parte de la sociedad civil y puede aspirar a manejar
un canal de televisión abierta con exenciones impositivas o, para que la señora
no se enoje, si la CGT o el movimiento conducido por D’Elía pueden terminar
teniendo un multimedio bajo su órbita.
Por otra parte, en cuanto al sector privado, si bien se habla de la no
acumulación, lo cierto es que no hay en la Argentina un registro único de
sociedades que pueda dar fe fehacientemente de que la sociedad Pirulo,
constituida en Carlos Paz, no es exactamente la misma que fue desbaratada en La
Matanza por hacer lo que el nombre bonaerense del partido indica cuando se
llamaba Mengano S.A..
En otras palabras, la propuesta de norma tiene múltiples lagunas jurídicas,
técnicas, económicas y políticas que no alcanzan para limpiar la existencia de
un decreto ley dictado por los militares –de allí su satanización, extensible
también, y a título de ejemplo, a la Ley de Sociedades– y que supo tener
numerosas reformas en períodos democráticos.
Curioso es, además, que la gesta se dé a poco de haberse aprobado la fusión
de Cablevisión con Multicanal, evidencia de un amor despechado que busca
venganza a toda costa.
La ley de radiodifusión, claramente, se presta a abusos y debe ser
modificada. Pero la proyectada ley de medios, también.
Lógico sería darle un debate más amplio y, a normas existentes con el
objetivo de ordenar el funcionamiento de los mercados, como la Ley de Defensa
de la Competencia o la de Competencia Desleal, darle la aplicación que se
merecen para combatir los abusos de poder que pueden tener las empresas
dominantes.
Alcides Cepeda
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Agencia MP