España - Inmigración ilegal
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SANTA CRUZ DE TENERIFE.– La escena se repite, invariablemente. Un día espléndido de sol en la isla de Fuerteventura, la más oriental de las Canarias, con sus playas llenas de turistas nórdicos e ingleses dorándose sobre la arena.
De pronto, alguien avisa a los gritos que ha visto algo flotando sobre el mar, cerca de la orilla. Un grupo de espontáneos socorristas enseguida forma una cadena humana que se interna en el agua y consigue traer a tierra firme a una persona que, de no haber recibido ayuda, habría acabado sus días ahogada.
Es un sobreviviente del naufragio de una de las tantas pateras que, desde hace diez años (pocos días atrás se cumplió este triste aniversario), intentan alcanzar desde la costa africana las islas Canarias, estos siete retazos de Europa en pleno océano Atlántico.
Se llama pateras a las improvisadas embarcaciones en las que grupos de treinta personas se lanzan a cruzar los 100 kilómetros de mar embravecido que median entre Fuerteventura y el Sahara Occidental. Representan la cara más dolorosa de la inmigración ilegal y el aspecto más difícil de resolver que tiene este problema para el gobierno español.
La mayoría de los pasajeros de las pateras tiene origen subsahariano, principalmente de países como Nigeria, Costa de Marfil, Guinea-Conakry, Senegal y Sierra Leona. El engaño que sufren comienza en su tierra, cuando les prometen una plaza en un barco por cifras que rondan los 2.600 euros, mientras que el mismo viaje en avión —ida y vuelta— cuesta cinco veces menos.
Este tráfico de personas está a cargo de mafias de mediano calibre que prometen a sus clientes un viaje placentero hacia una tierra en la que tendrán papeles, trabajo y riquezas. Quienes se suben a las pateras rara vez saben con certeza adónde los llevan. Tienen entendido que es a Europa, pero no están al tanto de que no es exactamente al continente europeo, sino a 1.800 kilómetros de distancia, a una de las islas Canarias.
En precarias balsas, el viaje suele estar signado por el temor a la zozobra. El agua de mar se filtra entre los listones de madera que componen el pequeño casco, se mezcla con el gasoil que pierde el motor y el aire se vuelve irrespirable para los apiñados pasajeros.
Los viajes se calculan de manera tal de llegar a Fuerteventura por la noche, cuando los controles costeros se vuelven más difíciles de llevar a cabo. Esto acentúa lo dramático del arribo porque, si alguna patrulla de Salvamento Marítimo de la Guardia Civil española, pese a la oscuridad, descubre la embarcación, el patrón de la patera —o el timonel mandado por él— ordena a los ocupantes que se lancen al mar para darse a la fuga y volver a la costa africana sin ser atrapado.
Los emigrantes quedan, así, a merced de olas de tres a cinco metros de altura y, en algunas zonas, de los tiburones. La mayoría no sabe nadar, porque se ha criado en aldeas rurales sin contacto con el mar. Los más afortunados pueden acercarse por sus propios medios a la costa; los más desgraciados mueren ahogados y su cadáver es llevado, tarde o temprano, a la playa por las mareas. Una buena parte es rescatada, bajo severos cuadros de hipotermia, deshidratación, agotamiento y hambre, por la Guardia Civil. No pocos de ellos presentan golpes, brechas y quebraduras si la costa es rocosa.
Durante 2003 fueron 9.382, según las cifras oficiales, los inmigrantes rescatados vivos en la costa canaria. Las cifras en la costa andaluza, el otro destino habitual de las pateras, suelen ser similares, aunque la tendencia allí es decreciente, porque los controles son más efectivos, dada la menor línea costera a patrullar.
Tras el rescate, son llevados a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) sin nombre oficial, un ex cuartel militar conocido popularmente como “Treblinka”, donde son encerrados durante 40 días, el plazo que estipula la ley.
Las condiciones en los centros de detención son lamentables. Cuando en septiembre del año pasado la relatora de las Naciones Unidas para los inmigrantes irregulares, Gabriela Rodríguez Pizarro, estuvo en Fuerteventura, se encontró con que la capacidad del centro estaba saturada y denunció ante la prensa que había mujeres que el día de su visita era la primera vez que las dejaban salir al patio.
Hasta julio último, cuando este CIE no daba abasto, los “sin papeles” eran llevados a una antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, bautizada “Guantánamo 2” por las organizaciones humanitarias que denunciaron su escaso estatus jurídico. En sólo 1.500 metros cuadrados, llegó a albergar hasta 1.300 personas.
El Ministerio del Interior ordenó su cierre y desalojo hace poco más de un mes. Fue cuando por primera vez se permitió la entrada de periodistas, que constataron las condiciones ofensivas para la dignidad humana en que se encontraban los detenidos.
La ampliación del otro CIE de la isla y el traslado de inmigrantes a centros de Barcelona, Valencia, Málaga, Murcia y Madrid aliviará la situación en Fuerteventura. Cumplidos los 40 días de internación, a los inmigrantes les esperan dos posibles destinos. Aquellos cuyos países tengan suscripto algún convenio de repatriación con España (por ejemplo, Marruecos) son devueltos a su lugar de origen.
El limbo jurídico espera a la mayoría de los de origen subsahariano, porque al no existir con sus países acuerdos bilaterales de este tipo, son puestos en libertad, sin ninguna posibilidad de incorporarse al mercado laboral de manera acorde con la ley. La sombra de las mafias de la inmigración, sin embargo, no deja de cubrirlos: los viajes en patera suelen significar para ellos una deuda que pagarán hasta el último céntimo con el trabajo en negro que consigan.
Muchas mujeres suben embarazadas a las pateras, porque les hacen creer que en ese estado tendrán facilidades para nacionalizarse. Eso es falso y el camino más probable para ellas será el de aprender algunas frases obscenas y ejercer la prostitución en las calles españolas.
En el corto plazo, no se avizora ninguna solución. Sólo se puede minimizar el impacto de la llegada de irregulares si España suscribe acuerdos con los países de origen, tanto para repatriación como para control de costas y seguimiento de las mafias de la inmigración.
Los anuncios hechos hace dos semanas por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, podrían derivar en la regularización de muchas personas sin papeles. Aunque aún con mucha vaguedad, prometió abrir la puerta antes de que acabe este año a aquellos que acrediten un trabajo concreto que los haga salir de la economía sumergida.
En el largo plazo, el único freno al constante fluir de emigrantes será que mejore la calidad de vida de los principales países emisores. Hasta que esto no suceda, habrá quienes, llevados por el ansia de prosperidad, busquen entrar, al costo que sea necesario, al prometido paraíso europeo.
Bernardo Sagastume
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