Discapacidad - Accesibilidad
831 Palabras
CUANDO LA SOCIEDAD ES LA PRINCIPAL BARRERA
·
La ciudad
expulsa. A cada paso, los discapacitados chocan con marginación.
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La pobreza:
caldo de cultivo.
No se puede discutir. Ni con el cordón de
la vereda, ni con los semáforos, ni con los escalones del edificio, ni con el
tamaño de las puertas, ni con la ubicación del inodoro. Y tampoco se puede
peticionar, porque en el Palacio de Tribunales los accesos no tienen rampa, con
excepción del de la calle Lavalle, puerta para detenidos.
Si la situación de los discapacitados
porteños es preocupante, en el interior es catastrófica. Hace algún tiempo, términos
como accesibilidad poblaron las páginas de los diarios, aunque nunca fueron
páginas enteras y hoy, ya nadie se acuerda.
Si bien no
hay datos precisos sobre cuántos son los discapacitados que viven (o
sobreviven) en el país, se estima que su número es cercano al 8% de la
población total y está en crecimiento debido a una tendencia demográfica que muestra un aumento de la pobreza, de la
ancianidad y de la vida urbana.
“Existe una población de más de 3.000.000 de personas
(con discapacidades) que está en la marginación, en la exclusión, que tenemos
dificultades para acceder al trabajo, a la educación, a la previsión social y
que estamos exigiendo un lugar en la sociedad”, proclamó Carlos Ferreres,
director del Departamento de Discapacidad de la Confederación de Trabajadores
Argentinos (CTA), durante la presentación del libro La discapacidad, una cuestión de derechos humanos, de editorial
La Otra Mirada.
Tres son los sectores críticos: los niños
que nacen con discapacidad o que las adquieren en sus primeros años como
consecuencia de la desnutrición, la pobreza y la exclusión social (estos chicos
tienen diez veces más posibilidades de sufrir algún tipo de discapacidad que
los de países desarrollados); los ancianos, quienes son proclives a las
enfermedades invalidantes y las personas que han sufrido accidentes,
especialmente automovilísticos o de trabajo, y no han contado con una
rehabilitación adecuada.
Promediando el 2003, los departamentos específicos de la CTA, la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA) y el Foro Pro y
Comisión de Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires presentaron su “Informe preliminar sobre la situación de las
personas con discapacidad en la Argentina”. ¿El resultado? “Alarma por
la situación crítica en que se encuentran” y por “la indiferencia que hubo por
parte de muchos organismos del Estado e incluso por la propia sociedad civil,
frente al incumplimiento de la legislación vigente, la ineficacia o
inaplicabilidad de muchas políticas públicas y
la comisión de actos discriminatorios”.
El
estudio completo, un voluminoso y detallado trabajo, denuncia el retroceso
estatal en su rol de regulador de servicios públicos, situación que, fogoneada
por la falta de previsión en el sector transporte deja a los discapacitados
“abandonadas y a la suerte de los vaivenes de grupos de poder” para gozar de
derechos como salud, educación, comunicación, cultura, recreación, deporte,
vivienda, familia, trabajo.
“La pobreza no solamente acentúa las
consecuencias negativas de la discapacidad, sino que es en sí misma un factor
que favorece el surgimiento de discapacidades, sea por la incidencia de
condiciones de vida desfavorables, cuanto por la falta de accesibilidad a los
servicios de salud, educación y rehabilitación”, aporta el informe.
Pero las culpas no son sólo de la Administración. En
la sociedad “persisten barreras culturales que tienden a la exclusión de lo diverso,
de lo que no es considerado útil y de lo que se aleja de las pautas culturales
dominantes de plenitud, inteligencia, salud y belleza”.
Cada vez más, la discapacidad deja de ser una cuestión
puramente médica, para estar atravesada por causas sociales, económicas y
culturales.
NO HAY VACANTES
Se dice, por ejemplo, que el
trabajo, además de ser fuente de ingresos, tiene por función socializar al ser
humano. Para algunos incluso dignifica, aun en las condiciones que imperan hoy
en la Argentina.
En el caso de los discapacitados, el porcentaje fuera
del mercado laboral ronda el 90%, una desproporción notable frente al nefasto
índice de desempleo que publica mensualmente el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos.
El número deja al descubierto, entre otros, el
incumplimiento de la normativa que fija un cupo del 4% de discapacitados para
los trabajadores del Estado Nacional en sus tres poderes, y que se hace
extensivo a las reparticiones públicas provinciales.
La situación en las instituciones educativas tampoco
es alentadora. La mayoría de los establecimientos no están preparados para
discapacitados: no hay baños adaptados, ni recursos técnicos, ni pedagógicos.
Los docentes comunes no
están capacitados. Los de educación especial no cuentan con auxilios
indispensables para el desarrollo de su tarea, ni existen programas que
articulen ambos subsistemas con miras a la integración.
Calles, edificios, estaciones y unidades de
transporte, escuelas, hospitales, lugares de esparcimiento y de prestación de
servicios, impiden su utilización en igualdad de condiciones.
Así es como se nutre un
subsistema de exclusión, con la indiferencia de una sociedad que amaga con
escuchar, pero permanece inmóvil al momento de incluir al discapacitado.
Ariel
Neuman
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