Política
14-03-2008 - 550 Palabras
(Ñoquis)
DEL 29
Suponga que en un plato hondo entren unos
50 ó 60 ñoquis. No se indigeste, pero ¿se imagina cómo le pueden caer 38.000
ñoquis juntos?
Ese es el número de contratos que se están
analizando en las distintas administraciones públicas del país para definir la
continuidad o no de quienes, se presume, podrían ser empleados de los que
cobran por no aparecer o por aparecer sin trabajar.
El huracán, la limpieza, el borrado de
nombres sospechados parece una moda que se esparce desde la Capital Federal
hacia todo el país, como si una repentina fiebre de moralina hubiera inundado
los estamentos políticos dispuestos a trabajar en serio.
Curiosamente, los casos más sonados
coinciden con un recambio partidario o de gestiones de distintos signos que
denuncian las conductas de los predecesores. “Descubrimos que había
irregularidades en x cantidad de contratos”, dicen. ¡Gran sorpresa!
No es que no haya ñoquis dentro de las
filas del Estado, simplemente llama a la atención esta suerte de cacería mediatizada
que pone a todo el sector público en la misma bolsa y que se presenta como
patriada de la ‘nueva política’.
Por caso, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se estiman unos 150.000 empleados. De ellos, muchos son de planta permanente
y muchos contratados. Los primeros saben lo que significan días de vacaciones
acumulados. Meses y meses enteros sin presentarse en sus puestos de trabajo.
Los segundos conocen de cerca el empleo en negro tengan o no palanca política.
En el interior del interior, en tanto, hay
pueblos y ciudades casi completas cuya principal actividad laboral es prestar
servicios dentro del Estado local.
Sin lugar a dudas, la administración pública
está más que sobredimensionada en buena parte del país, pero no es con despidos
masivos como se soluciona este histórico problema que acumula capas y capas con
el correr de los gobiernos.
En primer lugar porque con esas políticas
invariablemente justos terminan por pagar la conducta de los pecadores.
En segundo, porque como se dijo, licua las
responsabilidades y coloca a todos los trabajadores del Estado bajo el rótulo
de haraganes o ineficientes, cosa que de ninguna manera es así.
En tercero, porque no todos los que quedan
son, verdaderamente, trabajadores hechos y derechos y, por lo general, el ñoqui
expulsado por una puerta vuelve a ingresar por la otra.
En un cuarto lugar, cabe recordar que el
Estado argentino no puede manejarse con los mismos criterios de eficiencia
costo-rédito con que se maneja una empresa. Hay una finalidad social, incluso,
en la contratación de empleados que hace el sector público.
Controlar esta finalidad sí es un deber
del funcionario de turno. Si hoy se están rescindiendo 10.000 contratos
sospechados o considerados 100% políticos para cubrir esos puestos con otras
10.000 personas que dentro de cuatro años estarán en esa misma situación, el
problema está lejos de resolverse.
Si se eliminan esas partidas
presupuestarias para repartirlas entre otros empleados más leales al gobierno
de turno, el clientelismo no hace más que perpetuarse.
Si el esquema de razonamiento y acción es
el anterior, habrá que estar atentos. Dentro de un par de años quienes hoy están
en el poder serán los que pataleen cuando se decidan las purgas que
caracterizan en esta nueva oleada a nación, provincias y municipios.
Ariel Neuman
redaccion@agenciamp.com.ar
Agencia MP