Política 04-04-2008
- 599 Palabras
(Retenciones –
Protesta)
ILEGAL
En esto no hay diferencias: en la
Argentina, justicia es lo que me conviene a mí. Se vio por estos días con el
avance del gobierno sobre los productores rurales, pero también en la protesta
de estos sobre aquél.
De ambos lados se escucharon argumentos.
Del gobierno, con un equipo especializado en el armado de discursos, un mensaje
turbio, en muchos puntos falaz y contradictorio. Del campo, una contraofensiva de
dureza creciente, apuntando al trabajo que demanda una cosecha y al dinero que
se debe invertir para lograrlo.
En ambos casos, pero también en la
sociedad, se advirtió una ausencia que debería preocupar profundamente.
El aumento de las retenciones es ilegal, y
eso debería bastar para que, de por sí, sea rechazado por hordas desenfrenadas
capaces de todo por defender la Constitución.
El argumento, sin embargo, brilló por su
ausencia, aunque el incremento viola la carta fundamental, es arbitrario,
irrazonable y vulnera el derecho de propiedad y de comerciar (y eso por hacer sólo
un primer punteo).
Viola la Constitución porque por medio de
una Resolución de un Ministerio se elevó la alícuota de un impuesto sin que el
Congreso haya tomado intervención. El Código Aduanero delega en el Ejecutivo
esa potestad y justamente por eso el artículo del Código (el 755) es igual de
inconstitucional.
Es arbitraria porque justificar el aumento
de un impuesto porque unos ganan más de lo que el gobernante estima oportuno o
porque los precios se desmadran, no es una efectiva política económica sino una
forma de recaudar lisa y llana. Si los precios suben, lo primero que se debería
hacer es reconocerlo. Pero, además, es arbitraria porque la Resolución del
Ministerio, la 125/08, no tiene argumentos sólidos que apoyen la suba.
Es irrazonable porque el Estado hoy tiene U$S 51.000 millones en reservas, un crecimiento promedio
anual proyectado hasta el 2010 del 7% y recaudación en marzo por alrededor de $
20.000 millones. En otras palabras: no precisa llevarse tanto más.
Vulnera el derecho de propiedad porque
llevando las alícuotas al 44% y sumando el resto de los tributos que pesan
sobre el sector (y sobre el conjunto de la economía), se alcanza un nivel de
tributación que llega al 70%, cuando la Corte Suprema tiene dicho y muy claro
que cuando se pasa del 33% lo que se hace es confiscar.
Viola el derecho de comerciar porque, indirectamente,
fija precios de venta para el mercado externo, pero también para el interno. El
mercado, ni siquiera cuando está dirigido por el Estado, puede funcionar con
productores que no encuentran incentivos en generar riqueza.
Dicho esto, eventualmente, un juez debería
hacer lugar a una presentación que invocara estos motivos. No porque el aumento
guste o disguste, sino porque es ilegal o no lo es.
¿Qué juez se animaría a ponerle su firma a
una decisión contraria a la política de un Gobierno? En nuestro país, eso
implica rubricar el retiro.
De allí que en el Poder Judicial se
recurra a las “cuestiones políticas no justiciables”, una aberración del
sistema republicano albiceleste, que deja sin
analizar jurídicamente las decisiones que se toman en el seno del poder político
por razones de “oportunidad, mérito y conveniencia” o, lo que es lo mismo,
discrecionalmente.
Estamos lejos de ser una nación
institucionalizada. Estamos lejos de que protestemos contra toda medida tomada
por fuera de la ley, nos beneficie o no. Estamos lejos de que la Justicia
controle al Poder Ejecutivo. Estamos lejos de que el Legislativo haga su
trabajo y frene el avance de la Administración sobre sus funciones. Estamos
lejos y hacia allí debemos avanzar.
Ariel Neuman
redaccion@agenciamp.com.ar
Agencia MP