Política 24-10-2008 - 583 Palabras

(AFJP)

(IN)SEGURIDAD JURÍDICA

Con acción y reacción, oficialismo y oposición mostraron en esta semana hasta qué punto ellos mismos desconfían de las instituciones republicanas.

Cuando la presidenta, Cristina Fernández, anunció su intención de estatizar el sistema de AFJP, desoyó la voz de los aportantes, quienes hace un puñado de meses tuvieron la oportunidad de optar por el modelo estatal o privado y prefirieron, mayoritariamente, a éste último.

La oposición, en tanto, alimentada por los discursos propagados por los medios de comunicación, dio por realidad lo que aún resta que apruebe el Congreso.

En relación a este punto, si bien el Legislativo ha sido desde hace por lo menos 15 años un ratificador de lo que el Ejecutivo propone, lo cierto es que allí mismo se frenó la intentona retencionista que tuvo en vilo al país durante el primer cuatrimestre del año. Algo de crédito, como contrapeso, debería haber ganado. Y, sin embargo, a los ojos de los discursos pronunciados, parece pintado.

En cuanto a la conducta oficial, revela un comportamiento típicamente populista, modelo en el cual el líder asume el papel de padre (o madre, en este caso) protector, que vela por su pueblo toda vez que éste es demasiado inexperto, básico o imbecil para decidir lo que le conviene. “Ustedes se equivocan cuando deciden (no cuando me votan), por lo tanto requieren de mi para guiarlos y componer sus yerros”, parecen decir.

A esto se suma un agregado no menor: el no prever el incremento de la inseguridad jurídica, que se elevó por estos días a niveles incluso superiores a los de la crisis 2001-2002.

Contrariamente a lo que se cree y a lo que hoy se dice en abundancia, seguridad jurídica no es beneficiar a unos en detrimento de otros, sino, en términos puros, generar condiciones de previsibilidad normativa en el mediano y largo plazo. En otras palabras, se trata de no modificar continuamente las reglas de juego que contextualizan nuestra vida diaria. No importa el tinte ideológico de esas reglas. Sólo se pide continuidad.

Si hoy se permite fumar, y mañana no, y pasado sí, y tras pasado sólo cigarrillos rubios, y luego sólo los importados, el descalabro se acerca irremediablemente.

Claro que para hablar de seguridad jurídica con todas las letras, las normas no sólo deben perdurar, sino también cumplirse y, en caso de que ello no ocurra, castigarse a quien vulnere el orden vigente.

Eso, en nuestro país, desde hace mucho, mucho tiempo que no pasa. De hecho, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó su acordada de 1930 avalando el golpe de estado y al gobierno que surgió con él, capituló con acta de defunción en blanco y dejó al sistema republicano y democrático librado a su suerte.

Desde entonces, pocos han sido los gobiernos que han evitado la tentación, por ejemplo, de modificar la composición del máximo tribunal de la nación, el que debe velar por el cumplimiento de la ley y se erige como intérprete final de ella.

Así las cosas, el Ejecutivo avanza sobre los otros poderes. Los medios, la oposición y la sociedad misma siguen sin creer en el Congreso. En igual sentido, se muestran disconformes con la situación de la justicia.

¿Hay salida? No parece.

A menos que la conciencia que se tome sea seria, a menos que se generen los consensos básicos que ponen en marcha a cualquier país, no será ésta la última vez que haya que volver a hablar de inseguridad jurídica.

Ariel Neuman

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Agencia MP