Política 24-04-2009 - 550 Palabras
(Jueces – Nombramientos)
NOMBRAR A LOS JUECES
Un país sin jueces es un país ciego, sordo y mudo a los ataques a la ley, tanto
de privados como del propio Estado.
Lejos de los tres monitos sabios, la Argentina está padeciendo por estos
días la sinrazón de los plazos políticos para la cobertura de decenas de
vacantes en el Poder Judicial.
Los tribunales sin jueces son 200, más del 20 por ciento de los juzgados
nacionales y federales.
¿Falta de postulantes, de capacitación, de intereses, de voluntades, de
espacio físico, de presupuesto? ¡No! Falta de una firma presidencial que eleve
al Congreso las propuestas para que designe a los nuevos magistrados.
Hace 10 meses, por caso, el Consejo de la Magistratura –organismo reformado
a iniciativa de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, con la clara
intención de politizar a la agencia que designa y remueve a los magistrados–
elevó a la Presidenta 48 designaciones de jueces cuyos expedientes duermen hoy
en algún rincón de la Casa Rosada.
En la práctica, esto hace que los expedientes judiciales se acumulen en los
tribunales, los juicios se demoren y cada vez sean más los jueces que reparten
sus tiempos entre sus tribunales y los vecinos, fragmentando sus fuerzas y
logrando resultados muy por detrás de los deseables.
Obviamente, no es éste el único inconveniente que tiene el Poder Judicial.
Horarios de atención, ausentismos, atraso informático, remuneraciones,
desconocimientos técnicos y otros tantos podían enumerarse. Pero éste sí es un
problema central.
Desde la Secretaría de Justicia, publicó el diario La Nación, dijeron que
“no han vencido los plazos legales para presentar las listas, ya que la actual
legislación así lo establece”. Defendieron a su Jefa con una previsible respuesta
burócrata o, mejor dicho, estúpida y cínica en tiempos en que el sistema judicial
está colapsado.
En este marco aparece, además, una sentencia de la Corte Suprema, dictada hace
ya dos años, que ordenó terminar con el sistema de subrogancias (reemplazos)
entre jueces y los calificó de inconstitucionales, fijándole un plazo de un año
al Congreso para que dictara una ley que regule esta modalidad de suplencias,
un clásico dentro de la Justicia argentina.
Indagar los motivos que tiene la Presidenta al demorar la firma escapa al análisis
periodístico. Sin embargo, no es menor el hecho de que un juez subrogante puede
ser removido de una causa sin la necesidad de adentrarse en procesos
administrativo-judiciales complejos.
Esto, a su vez, expone a los magistrados que actúan bajo esta forma de ‘contratación’
a presiones mucho mayores que se alinean bajo la máxima “hacé lo que yo digo o
te rajo con una patada en el traste”. Así de jurídica y pomposa es la cosa.
Es cierto que el Consejo de la Magistratura, bajo su composición actual,
bien podría hacer lo mismo por vía legal, pero eso ya le daría al asunto un
tinte institucional que no necesariamente es bienvenido por los funcionarios gubernamentales.
Corolario de lo anterior, el Congreso hoy no legisla, el Ejecutivo no
decide y el Judicial no vela por el cumplimiento de la ley.
Los tres monos sabios se tapan ojos, boca y oídos, pero no dejan de pensar
que en la Argentina, por intentar imitarlos, hemos alcanzado un grado de
necedad y parálisis digno de preocupación.
Alcides Cepeda
redaccion@agenciamp.com.ar
Agencia MP