Política 31-08-2009 - 577 Palabras
(Radiodifusión)
PRIMER ROUND
En los medios y en los foros de opinión ya se habla de ella como Nueva Ley
de Radiodifusión. Será, tal vez, porque se da por hecho la aprobación por parte
de un Congreso de mayoría oficialista, de la iniciativa enviada por la
Presidenta la semana pasada.
Cristina Fernández lanzó su propuesta por cadena nacional, levantando el índice
a cada palabra, falseando la historia (otros presidentes antes que ella
intentaron modificar la ley sin éxito, pero ella dijo que era la primera) e
invocando a los periodistas desaparecidos durante la última dictadura.
La puja de fuerzas resultó evidente y la respuesta no se hizo esperar. El
domingo post anuncio, Clarín dedicó más de dos tercios de su tapa a
informaciones que apuntaron los primeros ‘misilitos’ al Gobierno.
Corrupción de funcionarios, deficiencias en las políticas económicas,
carencias en el sistema de tratamiento de drogadependientes, fueron algunas de
las primeras luces de advertencia. ¿El mensaje? Más que claro. Se trata del
primer toque de los que vendrán.
El proyecto en sí establece básicamente la repartija de las licencias de
radio y televisión por tercios. Uno para el sector privado, uno para el Estado
en sus diferentes niveles y otro para la sociedad civil. Fundamentalmente,
busca destrozar a los grandes grupos del actual establishment mediático.
No se trata de una avanzada de izquierda. Ni a asustarse ni a dejarse engañar.
Telefónica y Telecom se beneficiarán de la iniciativa, restándole todo contenido
anticapitalista a la iniciativa gubernamental.
En la práctica, y de acuerdo con el relevamiento hecho este domingo por el diario
Crítica, de aprobarse “la nueva Ley de Radiodifusión partirá en mil pedazos el
mapa de medios: los siete grupos más importantes del país podrían perder 276 de
un total de 360 licencias que hoy tienen en su poder”.
La pelea entre el Gobierno y el Grupo Clarín está teniendo ahora un nuevo
capítulo.
Desde el punto de vista tecnológico, no es que no sea necesaria una nueva
normativa que baraje y reparta, que fije reglas y las haga cumplir, sino que la
norma atrasa unos 20 años.
Es que de un tiempo a esta parte, una cosita llamada Internet viene
permitiendo ver la televisión de buena parte del mundo y oír las radios más
lejanas con mejor fidelidad que muchísimas FM.
Así las cosas, la norma peca por defecto desde el punto de vista de las
tecnologías vinculadas a la comunicación y debería ser objeto de pronta
revisión, no sólo o necesariamente por cuestiones de consensos y de pujas de
poder, sino porque aborda herramientas que están migrando a otras plataformas,
para las cuales cualquier ley queda chica.
Si bien se la invoca como el mejor de los fundamentos para la declaración
de guerra, la libertad de expresión parece llamada a ceder muchísimo espacio en una pelea de poder entre dos
grandes. Nadie que se haya dejado de chupar el dedo puede suponer que el actual
Gobierno sólo quiere darle voz a aquellos que no la tienen. Alcanza con mirar a
los principales aliados estratégicos que tiene hoy nuestro país y ver qué hacen
con las voces cuya entonación no satisface sus oídos.
En este contexto, el llamado de la oposición para que la propuesta sea
tratada por el nuevo Congreso a partir de diciembre suena razonable. Es, sin
embargo, una palabra cada vez más escasa por estas latitudes. Así y todo, no
dejaría de ser una grata sorpresa que así ocurriera.
Alcides Cepeda
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Agencia MP