Sociedad 03-02-2004 – 587 Palabras

(Pontaquarto - Ética periodística)

 

ACEITANDO LA MANO DE LA VERDAD

 

¿Le pagaría usted a alguien para que delate a su jefe, a un compañero o a un familiar? Se trata de una cuestión ética, que planteada así, sin matices, parece tener incluso una connotación siniestra: un incentivo a la traición. Las cosas son más difíciles cuando la pregunta deja de ser hipotética y tiene lugar en una situación real. La cuestión se complica aun más si quien debe planteársela ocupa ese rol social que hoy resulta clave: el del comunicador.

 

Mario Pontaquarto sacudió el escenario político hace pocas semanas, al confesar a la revista TXT que tuvo una participación fundamental en los supuestos sobornos a senadores nacionales por parte del Poder Ejecutivo en el año 2000, escándalo que terminó por llevarse puesto al gobierno de Fernando de la Rúa, que cayó poco más de un año después.

 

La semana pasada se supo que la confesión de Pontaquarto no fue gratuita, en toda la extensión de la expresión. El ex secretario parlamentario del Senado cobró U$S 18.000 por hablar en exclusiva con el semanario, antes de hacerlo ante la justicia.

 

Los abogados de los salpicados por el hipotético ilícito atacaron inmediatamente al arrepentido por esa razón. Intentaban, claro, echar un manto de sospecha sobre sus declaraciones, pero también plantearon, tal vez sin proponérselo, la cuestión de los manejos éticos de los medios en la sociedad de la información.

 

No es la primera vez que la ética periodística se convierte en tema de debate, y está bien que así sea: lo que se teje en las más altas esferas del poder político y mediático es del interés de todos.

 

¿Está bien que un medio pague por una primicia de este tipo? Es opinable: mientras algunas empresas de prestigio mundial explicitan en sus manuales de ética la prohibición de pagar por la información, otros recurren regularmente a esa práctica para asegurarse una exclusiva u obtener datos "inalcanzables".

 

En este caso, el comportamiento del medio involucrado ha sido excepcionalmente transparente: Edi Zunino, editor político de TXT, afirmó en una columna del mismo número en el que apareció publicada la nota, que la revista "generó las condiciones para que la familia Pontaquarto saliera del país y para que él recibiera el asesoramiento del estudio Wortman Jofré - Isola", el mismo que asesora legalmente a la publicación.

 

Fue la forma de decir elípticamente que le habían dado dinero. Y son pocas las ocasiones en las que el periodismo le cuenta al público que ha pagado por la información que está brindando. Eso no elimina preguntas de fondo, como qué ocurre cuando la información pasa de ser un derecho público a convertirse en una mercancía.

 

¿Se puede premiar con dinero a alguien que confiesa un delito? ¿Dónde está la línea divisoria entre la búsqueda periodística de la verdad y la persecución mercenaria de lo sensacional?

 

Tal vez haya que plantearse el asunto al revés. Pontaquarto no habría hablado si no hubiera podido enviar a su familia a un lugar seguro y contar con el asesoramiento legal. La información que retenía era vital para esclarecer el escándalo político más resonante de los últimos años. Por otra parte, no se trataba de una operación montada para beneficiarse: el arrepentido se autoincriminó con su confesión.

 

En semejantes condiciones ¿puede un medio dejar pasar la oportunidad a causa del reparo ético de pagar por el dato? Así planteada, la pregunta del principio suena casi a obligación.

 

En algunos asuntos, el pueblo debe saber sea cual sea el precio.

 

Sebastián Lalaurette

Agencia MP

 

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