Sociedad 05-08-2008 - 573 Palabras
(Masacre - Justicia - Límites)
OPORTUNIDADES
Nicolás Schiavo es hoy el hombre más cuestionado del país. Y no por nada. Nicolás Schiavo es el juez que autorizó a Ángel Fernández, un hombre peligroso ahora acusado de haber participado en el crimen de una pareja y sus dos hijos en Los Cardales, a cumplir una condena en su propia casa controlado a través de una pulsera que, ahora lo sabemos, el hombre se sacó sin que ninguna autoridad se sintiera lo suficientemente alarmada como para mandarlo a buscar.
Podría argumentarse, aunque estas cosas siempre son resbalosas, que la decisión de Schiavo fue claramente equivocada; él dice que le otorgó a Fernández el beneficio del arresto domiciliario porque era la única persona capaz de cuidar de sus cinco hijos. También parece claro, suponiendo que el acusado sea culpable (todo es muy reciente y obviamente aún no hay condenas), que la actitud del juez derivó de manera más o menos directa en la muerte de Daniel Mansilla, Sandra Rabago y los pequeños Agustín y Milagros.
Es por eso que un diputado oficialista se apresuró a presentar un pedido de juicio político contra el magistrado, algo que ya reclamaba prácticamente todo el mundo: el gobierno nacional, el bonaerense y la opinión pública, al menos.
Con tanta oposición,
seguramente no es fácil estar en los zapatos de Schiavo, quien insiste en que
obró "conforme a derecho" y por "razones humanitarias". No
zanjaremos aquí tan asimétrica discusión, pero en principio no hay razón para
pensar que el juez actuó de mala fe; sí que cometió un error. Un error fatal.
Parece que no tiene nada que ver, pero el juez comparte apellido con Michael Schiavo, un hombre que dividió al mundo entero en dos cuando reclamó que Terri, su mujer, en estado vegetativo desde hacía ocho años, fuera desconectada del aparato que la mantenía con vida. Siguió una larga disputa con la familia de la mujer, que ni siquiera terminó cuando Terri finalmente fue desconectada y murió, en marzo de 2005, tras siete años de idas y venidas legales.
Lo que ambos casos
comparten, además del incidente del apellido, es que la cuestión que se plantea
es hasta dónde dar oportunidades. Un Schiavo abogaba por dejar morir a quien ya
no tenía posibilidad alguna de volver a un estado en el que la vida tuviera
real sentido; el otro llevó la indulgencia al extremo, a un extremo que se
reveló peligroso: sacó a un hombre de la cárcel, es decir de una muerte civil,
y con eso probablemente haya dado las condiciones para muertes más sólidas.
¿Hasta dónde dar oportunidades? ¿Hasta cuándo esperar el milagro, la redención, la regeneración de capacidades o de conciencias? Son preguntas para las que el sistema legal no está preparado.
Supongamos que Fernández es culpable: ¿habría cambiado algo si no lo hubiera sido, si hubiera permanecido preso en su casa con conducta ejemplar hasta el fin de la condena, y luego mantenido esa conducta ejemplar durante el resto de su vida? ¿Eso habría demostrado algo? ¿Y qué habría pasado si Terri hubiera sido capaz de hablar?
Los límites, evidentemente, están en algún lado, pero no, probablemente, en el mismo lugar en todos los casos. El sistema legal está diseñado para la uniformidad: por jurisprudencia, por el mecanismo de recursos y apelaciones, los jueces tienden a actuar de modo idéntico en parecidas circunstancias. A veces el modelo sobre el que basan sus decisiones está fallado.
Sebastián Lalaurette
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Agencia MP